La inmigración un reto antes que un problema, Sr Josep Lahosa, Barcelona

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La inmigración un reto antes que un problema [1]

La Cumbre de Tampere (octubre 1999) creó lo que se conoce, como «Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia», ratificando así este objetivo como una prioridad de la Unión; también se dieron una serie de orientaciones para convertir las decisiones tomadas en Amsterdam (1997) en un mandato concreto de actuación. Esto incluía las directrices para establecer una política común de inmigración y asilo y los elementos que ésta debería tener en cuenta.
El texto redactado en Tampere empieza recordando los principios sobre los cuales se fundamenta la Unión Europea y su objetivo primero, la libertad.
El punto 3 de las Conclusiones de Tampere explicita que «esta libertad no debería considerarse dominio exclusivo de los ciudadanos de la Unión. Su propia existencia ejerce un poder de atracción para muchos otros ciudadanos de todo el mundo……….. Sería, además, contrario a las tradiciones europeas negar esta libertad a aquellas personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a intentar acceder a nuestro territorio». Y añade que «por esta razón, la Unión ha de desarrollar políticas comunes en materia de asilo y de inmigración, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de llevar a cabo un control coherente de las fronteras exteriores para poner fin a la inmigración ilegal y para luchar contra quienes la organizan y cometen delitos internacionales conexos». Finaliza planteando que los principios en que deben basarse estas políticas deben ser claros para los ciudadanos comunitarios y, además, han de ofrecer garantías a las personas que busquen protección en la Unión Europea o intenten entrar a ella.
A continuación, el texto reitera el compromiso de la UE para con la Convención de Ginebra, recuerda que hay que dar una respuesta solidaria a las necesidades de tipo humanitario, y pide el desarrollo de un planteamiento común que garantice la integración en nuestras sociedades de los nacionales de terceros países que residen legalmente en ellas, sean personas refugiadas o inmigrantes. Se definen más adelante los elementos que tienen que conformar las políticas comunes –diferentes pero relacionadas, según el Consejo– de inmigración y asilo: la colaboración con los países de origen, la creación de una política común de asilo, un trato justo de los nacionales de terceros países residentes en la Unión y la gestión eficaz de los flujos migratorios.
El Consejo Europeo de Sevilla celebrado casi tres años después de Tampere debía explicitar cómo sería la política común de inmigración prevista por el Tratado de Amsterdam.
No obstante la mayoría de los gobiernos (especialmente los gobiernos de la derecha) han puesto o están poniendo en marcha políticas nacionales de inmigración, claramente divergentes de los objetivos de Tampere.
Lamentablemente en la Cumbre de Primavera de Sevilla se abandonó la visión global de la gestión de flujos migratorios a cambio de propuestas de corto alcance centradas en la lucha contra la inmigración ilegal, aunque, al final, el Consejo tuvo que reconocer la necesidad de adoptar las propuestas previstas desde Tampere
Así en Sevilla, las conclusiones de la presidencia española invirtió la lógica del proceso de integración, se pone el énfasis en las medidas de control de fronteras y los acuerdos de readmisión, desvinculándolos claramente de los objetivos de cooperación al desarrollo.
La lucha contra la inmigración ilegal pasa a ser la primera prioridad de la política europea de inmigración y no la consecuencia lógica de una política coherente de inmigración que debe defenderse.
Se pedía al Consejo de Justicia e Interior, órgano competente para hacerlo, la aprobación de las propuestas en curso sobre reagrupación familiar y el estatuto de residentes de larga duración, instrumento de integración pensado para incorporar a los inmigrantes a la ciudadanía europea. No se va más allá en los objetivos de integración y estos objetivos figuran ahora en último lugar.
Pero lo más importante es lo que no se hizo en Sevilla. Anna Terrón, eurodiputada socialista española en un análisis de lo ocurrido en Sevilla plantea como se ha dejado de hablar de las normas comunes para la inmigración por razones económicas; saltándose un eslabón básico de la política de inmigración europea: la incorporación al mercado de trabajo en un mercado único, en un espacio sin fronteras interiores, además la autora denuncia la inexistencia de una política productiva y global de inmigración, que establezca canales de entrada legal adaptados a las necesidades de un mercado de trabajo y una sociedad del siglo veintiuno, lo que, de forma clara, llevará al debilitamiento de las demás medidas adoptadas en la cumbre de Tampere. EL PAIS (3/7/02)

Si vemos cual es la situación en España,
En los últimos años se ha producido un fuerte aumento del porcentaje de población inmigrada, si en el año 1996, en el estado Español había 610.000 inmigrantes, hoy se calcula que son 1.100.000.
En Francia, Alemania o Bélgica la población extranjera supone aproximadamente el 10% y la media europea el 6%.
En España los datos nos refieren una media en todo el Estado del 3%, aún cuando en algunas regiones los porcentajes se acercan a la media europea: en Catalunya, por ejemplo, en un año se ha pasado del 5% a superar el 8%.
Uno de los problemas a los que debemos enfrentarnos, a diferencia del resto de Europa es que estos aumentos se han concentrado en los últimos años.
Además se esta experimentando fuertes concentraciones territoriales en determinados barrios de las ciudades, y  no tan solo en las grandes conurbaciones urbanas, también en poblaciones medianas y pequeñas.
Proceso que se produce en un marco de adelgazamiento del estado social.  En el período 1996-2001, el gasto social se ha reducido en dos puntos porcentuales, pasa del 21’8% del PIB (1996) a solo el 19’8% (2001). Esta reducción además aumenta la distancia con el resto de la Unión Europea: en 1993, el gasto social en España era 5 puntos inferior a la media europea, la diferencia en el 2001 es de 8 puntos -un 19’8% en España frente al 28% de media en la Unión-.
La inmigración se produce no solo a causa de la situación de desigualdad y pobreza en la los países de origen, sino también porque en la sociedad europea existen déficits y problemas estructurales que la inmigración ayuda a resolver aunque sea parcialmente: estancamiento de la población como consecuencia de la  baja natalidad, negativa de la población autóctona a realizar determinados trabajos, precarización de los sistemas de cobertura social por la disminución del número de cotizantes, etc.
En la acogida y también en la integración y asentamiento de la población inmigrante, la mayoría de los inmigrantes utilizan redes afectivas en el momento de la llegada, la mayoría se sirve de familiares, de amigos o conocidos, habitualmente del mismo pueblo o región del país de origen. Produciéndose así procesos de concentración de raíz local, regional o nacional; también se generan procesos en los que se reproducen microclimas culturales con el riesgo que se monopolice la información al recién llegado y se establezcan sistemas de control sobre los inmigrantes.
Para la definición de nuestras políticas debemos ser conscientes de la existencia de  fronteras de carácter cultural que se manifiesten en los barrios de nuestras ciudades, en sus plazas, calles y espacios,  donde se da una transposición de las costumbres de origen a los nuevos espacios ocupados, generando al mismo tiempo sentimientos de pérdida por parte de los ciudadanos autóctonos.
En este sentido es necesario definir el núcleo básico de valores que nos identifica como colectividad y que es exigible a todo recién llegado su conocimiento y respeto para que se incorpore, de forma efectiva, a la nueva sociedad de acogida. Incluso cuando algunos de estos valores puedan entrar en contradicción con su cultura o religión
No obstante también es necesario reconocer, de forma efectiva, los derechos elementales que les son propios siempre y cuando sean compatibles con los valores comunes. Así cuando hablamos de valores que implican deberes, es necesario explicitar de forma clara, cuales de ellos forman parte del eje vertebrador de la cultura social y política europea y que, en consecuencia, son innegociables; también que aspectos pueden permitir la transacción y el pacto. Entre los primeros deben figurar de forma clara los derechos humanos, la defensa de la ciudadanía, el respeto a la diferencia y al pluralismo: valores y practicas básicas en democracia
La ciudadanía europea se basa en el Estado de Derecho, en el Estado del Bienestar y en el ejercicio de la participación política. En este sentido los inmigrantes deben poder disfrutar de los derechos civiles, sociales y políticos. No obstante en Europa el balance es desigual, mientras se aceptan, aunque con restricciones, los derechos civiles y sociales, en muy pocos Estados se reconocen los derechos políticos.
Por último dejadme hacer una breve referencia a la religión, probablemente, el elemento de identificación del recién llegado que se demuestra, en la práctica, como el de más difícil gestión y quizá como uno de los más contradictorios en los procesos de convivencia e integración cotidiana -en especial si hablamos de la religión musulmana-.
La religión forma parte de la esfera privada de los individuos y en consecuencia no ha de regular las relaciones entre las personas y la esfera pública. En este sentido espero que en la redacción de la nueva Constitución europea seamos resistentes a las presiones ejercidas por el Vaticano.
Estoy convencido que a corto plazo deberemos establecer los límites de la expresión religiosa; a medio y largo será necesario prever estrategias que fomenten una sociedad pluricultural que sea respetuosa con los derechos individuales y colectivos. Para ello es necesario que las relaciones entre las administraciones públicas europeas, definidas todas ellas como aconfesionales, con los recién llegados deben establecerse en el marco de los valores laicos, civiles de la cultura democrática superando la instrumentalización que de la religión, sea cual sea, hacen algunos líderes políticos.   
Las ciudades pueden y deben liderar esta estrategia política basada en la preeminencia de los derechos civiles y políticos, en la que la inmigración se entienda como una oportunidad, un reto, antes que como un problema. Este sentido Jordi Borja y Manuel Castells [i] proponen que, frente a la presión mediática, tecnológica y económica de la «cultura homogeneizadora» de la globalización, hoy las ciudades son las estructuras organizativas, sociales y políticas que están en mejor situación para hacer frente a las perversiones de esa globalización; su proximidad a los problemas reales de los ciudadanos les permiten estructurar respuestas a partir de su rol històrico de establecer un sentimiento de pertenencia y de identidad basado no en términos étnicos o culturales, sino en términos de cotidianiedad, de normalidad de las relaciones entre diferentes, en definitiva de aceptación de  la diferencia como algo normal y hasta provechoso para la comunidad en su conjunto.
josep lahosa, diciembre 2002

[1] Exposición presentada en el marco del encuentro bilateral entre el Forum Belga y el Forum Español, en diciembre de 2002
[i] Borja, J, y Castells, M. Local y Global, (1997) UNCHS, Madrid: 4ª ed. Santillana Editores, 1999, 418 p.

2007-09-17

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